Archivo Nacional Torre do Tombo

• Nacional

La Torre do Tombo es una de las instituciones más antiguas de Portugal.
Desde su instalación en una de las torres del castillo de Lisboa, probablemente producido en el reino de D. Fernando y seguramente desde 1378, fecha de la primera certificación conocida, hasta 1755, prestó servicio como Archivo del rey, de sus vasallos, de la administración del reino y de las posesiones de ultramar, guardando también los documentos resultantes de las relaciones con los otros reinos.

Además de servir la administración regia, con funciones semejantes a las de un archivo intermedio de nuestros días, el servicio más importante prestado por la Torre, fue el de los certificados, solicitado por los particulares y por las instituciones.
Mediante autorización regia, facilitó la consulta e incluso el préstamo de documentos, a algunos estudiosos, cuyas obras fueron luego impresas.

En el siglo XVII, comenzó a organizarse como Archivo, surgiendo los primeros libros de su registro, se hicieron algunos índices.

En este siglo XVIII, en el marco de la descripción de los documentos, se realizaron numerosos índices, yendo al encuentro de la necesidad de conocer los documentos y de crear los instrumentos de investigación necesarios para su recuperación: este trabajo se inició y transcurrió, en buena parte, en el edificio de la torre del castillo: así fueron elaborados la mayoría de los índices de las Cancillerías regias (1715-1749), de las Leyes y Ordenaciones (1731), de las Bulas (1732), de los habitantes de la Casa Real (entre 1713 y 1742), el inventario de las Bulas, Breves y trastornos pontificios (1751-1753).

El 1 de noviembre de 1755, la torre quedó colapsada durante el terremoto. La documentación fue recogida de los escombros, y guardada, temporalmente,
en una tienda de madera, construida en la Plaza de Armas, tras la autorización del Marqués de Pombal, fechada el 6 de noviembre. En el 26 y El 27 de agosto de 1757, se transfirió a una parte del edificio del Monasterio de San Benito Salud, del lado de la Calzada de la Estrella, ocupando las instalaciones designadas por la Casa de los Obispos y compartimentos contiguos, que se han alquilado al monasterio. Por lo tanto, su instalación, ya su organización: los paquetes de la Casa de la Corona fueron organizados en una colección de Cuerpo Cronológico, y en la colección de los Fragmentos. Los oficiales del archivo realizaron varias copias
de documentos, en particular, la Reforma de las Gavetas, la Reforma de los Forales Antiguos, y la colección de Copias, habiendo continuado el trabajo de descripción de documentos de los que resultaron los índices del Cuerpo Cronológico (1764), los sumarios y los índices de los documentos de los Cajones (1765), los índices de los libros de las Ementas (1765), los índices de los mazos de las viviendas y de los oficios de la casa Real (1767, 1770), el inventario de los documentos de la Casa de la Corona (1776). Algunos de estos instrumentos de descripción pueden ser consultados hoy
en el Servicio de Referencia.

A partir de 1777, por el Reglamento de 1 de Agosto, los libros de registro de las mercedes de los reinados que estaban obligados a entrar en la Torre del Tombo. En 1791, por Aviso de 5 de febrero, el Registro General de Mercês fue transferido para la Torre del Tombo, manteniéndose en esta institución hasta 1927.

A principios del siglo XIX, las atribuciones del Archivo se extendieron a la formación de funcionarios y a la enseñanza de la Diplomática, concretada en la creación del Aula de Diplomática.
Hasta 1823, el Archivo estuvo sujeto al Consejo de Hacienda, aunque dependía también de otras instituciones en el período del Antiguo Régimen. Desde entonces y hasta 1887, estuvo dependiente Dirección General de la Instrucción Pública del Ministerio del Reino.

En el período liberal, la Torre del Tombo, designada por Archivo Nacional en el Reglamento de 1823, o por Real Archivo de la Torre del Tombo, fue llamada a desempeñar funciones de ámbito mucho más amplio, iniciando una nueva fase en la vida institucional, marcada por la incorporación de documentos de los archivos de los extinguidos tribunales del Antiguo Régimen, en 1821 y 1833, y de los oficios
de las corporaciones religiosas, extinguidas por Decreto de 28 de mayo de 1834. Se reconocen cuatro grandes ciclos de incorporaciones a lo largo del siglo XIX, provenientes de diversas instituciones, hecho que concurrió a la desorganización de los acervos, que no entraron completos.
En este ambiente de crecimiento de la documentación del Archivo, el Reglamento Provisional de 30 de abril de 1823, apuntaba a la elaboración de diversos tipos de índices, recomendando la conservación del orden de los documentos.

El nuevo Reglamento publicado en 1839 cometía al Archivo, el deber de incorporar los documentos considerados innecesarios a las propias instituciones y los organismos extinguidos, asegurando su buena conservación e instalación.

La Ley de 2 de octubre de 1862, estableció la obligatoriedad de hacerse acompañar los envíos de documentos de sus inventarios, elaborados sobre la base de la procedencia de los documentos.

En el siglo XIX, el Archivo se resintió del insuficiente número de funcionarios, divididos por el de la Secretaría de Registro de las Mercês que en él funcionaba, y de las malas condiciones de sus instalaciones, sólo mejoradas en 1861, cuando el Archivo de la Torre de Tombo se trasladó al ala a la derecha del monasterio, del lado de la calle de San Benito, ocupando, sucesivamente, los espacios de la iglesia, del refectorio, y de la Dirección General de los Trabajos Geodésicos, instalaciones donde se mantuvo hasta 1990.

Aunque se ha invertido en la descripción documental, el diseño de archivo como servicio público de divulgación de contenidos documentales surgió tardíamente, la consulta pública de los documentos de la Torre del Tombo comenzó, de forma tímida, en 1901, por Decreto de 24 de Diciembre, estando prevista para los estudiosos a quienes los conservadores debían dar apoyo.

El Decreto de 18 de marzo de 1911 reorganizó los servicios de las bibliotecas y de los archivos dependientes de la Dirección General de la Educación Secundaria, Superior y Especial, denominó, definitivamente, el Archivo de la Torre del Tombo por Archivo Nacional, acentuó la función de conservación

y la valorización de los manuscritos destinados al estudio de la historia, así como la función de promover la entrada de copias de manuscritos portugués, existentes en el extranjero, y establecida por primera vez, un horario de apertura al público.

En los últimos cien años, el Archivo Nacional creció significativamente con la integración de diversos servicios de archivo: el Archivo de los Hechos Findos (en 1915 por Decreto nº 1659, de 15 Junio), el Archivo de los registros parroquiales, acumulando el Archivo del Distrito de Lisboa funciona (desde 1918 hasta 1992), el Archivo de las Congregaciones (en 1930), el Archivo Histórico del Ministerio de las
Finanzas (en 1992) y más recientemente el servicio de Lisboa del Centro de Fotografía portugués (2007), además de las múltiples entradas de documentos procedentes de diversas instituciones públicas, de archivos señoriales, y personales, muchos de ellos adquiridos por compra.

En 1931, por Decreto nº 19 592, de 31 de junio, el Archivo Nacional fue designado por
Archivo General, y sujeto técnica y administrativamente a la Inspección de las Bibliotecas Eruditas y de los Archivos, que en 1965 quedó bajo la tutela de la Dirección General de Educación Superior y de las Bellas Artes, Ministerio de Educación. Desde 1985, que el Archivo Nacional se encuentra dependiente del Ministerio de la Cultura con autonomía administrativa.

La creación de los restantes archivos distritales, a donde la Inspección envió los documentos que se encuentra en las reparticiones de la Hacienda, fue hecha en los años 1927, 1931, 1933, 1965, surgiendo la progresiva necesidad de integrarlos en una red nacional, y en una política nacional de archivos.
De este modo, en 1988, se creó el Instituto Portugués de Archivos, por el Decreto Ley Nº 152/88, de 29 de abril, manteniéndose en funciones hasta 1992, año en que fue fundido con el Archivo Nacional de la Torre del Tombo, por el Decreto-Ley nº 106-G / 92, de 1 de junio, tomando éste, el nombre de Archivos Nacionales / Torre del Tombo (An / Tt).

Después de 1990, una vez trasladado al edificio construido a propósito para albergar
el Archivo Nacional en la Alameda de la Universidad, disponiendo de más amplias instalaciones, se produjeron nuevas incorporaciones, en particular, en 1992, con la entrada de la documentación de las Secretarias de Estado, mencionada ya en el artículo 25 de la Ley de marzo de 1911, seguidas de muchas otras adquisiciones.

La evolución de la política nacional de archivos, extendida a la producción de los documentos y la gestión de los archivos corrientes, a la evaluación y selección documental ya los archivos intermedios, se reflejó en el cambio del nombre del Archivo Nacional, pasando al Instituto de los Archivos Nacionales / Torre de Tombo (Ian / Tt).

A partir de 1997, de acuerdo con la ley orgánica publicada en el Decreto-Ley nº 60/97, de 20 de marzo, le competía a promover y ejecutar la política archivística nacional, en sus vertientes de conservación y valorización del patrimonio archivístico nacional, de promoción de la calidad de los archivos corrientes, y de la salvaguardia y garantía de los derechos del Estado y de los ciudadanos.

Su identidad propia fue recuperada en 2007 por la ley orgánica, y nuevamente designado por Archivo Nacional de la Torre del Tombo constituyéndose como archivo de ámbito nacional en la dependencia de la Dirección General de Archivos.

En 2012, en el marco del Plan de Reducción y mejora de la Administración Central (Premac) en consonancia con la orgánica de la Presidencia del Consejo de Ministros, instituida por el Decreto-Ley nº 126-A / 2011, de 29 de diciembre y de acuerdo con el Decreto-Ley nº 103/2012 del 16 de mayo, que establece la orgánica de la Dirección General del Libro, de los Archivos y de las Bibliotecas, (que resulta de la fusión de la Dirección General del Libro y de las Bibliotecas con la Dirección General de los Archivos), el Archivo Nacional de la Torre de Tombo pasa a ser un servicio integral de esa Dirección General. Por la misma ley el Archivo del Distrito de Lisboa se reincorpore a la Torre do Tombo.

Desde entonces, el Archivo Nacional de la Torre del Tombo es una unidad orgánica nuclear, mientras que el servicio dependiente de la Dirección General del Libro, de los Archivos y de las Bibliotecas, la Ordenanza nº 192/2012, de 19 de junio, y sus competencias fueron fijadas por el Despacho nº 9339/2012, de 27 de junio.

El Archivo Nacional de la Torre del Tombo (Antt) es un archivo central del Estado que guarda documentos originales desde el s. IX hasta la actualidad, cabiéndole, por consecuencia de su perennidad, preservar también los nuevos archivos electrónicos en el ámbito de actuación del organismo, la par del mandato explícito para dar cumplimiento a la ley que establece las bases de la política y del régimen de protección y valorización del patrimonio cultural, en su vertiente de patrimonio archivístico y patrimonio fotográfico. Es un archivo de ámbito nacional, dependiente de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas (Dglab) creada por el Decreto-Ley nº 103/2012, de 16 de mayo, integrando el sistema nacional de archivos. Como tal, y de acuerdo con la Ordenanza nº 192/2012 de 19 de junio, y el Despacho nº 9339/2012 de 11 de Julio, el Archivo Nacional de la Torre del Tombo prosigue las
sus funciones y misión, en lo que se refiere a:
a) la promoción de la salvaguardia, la valorización, la difusión, el acceso y el disfrute del patrimonio archivístico y el patrimonio fotográfico, garantizando la gestión de acervos a su custodia, y los derechos del Estado y de los ciudadanos en él consubstanciados,
b) su utilización como recurso de la actividad administrativa y fundamento de la memoria colectiva e individual,
c) la aplicación de las disposiciones integrantes de la ley de bases de la política y del régimen de protección y la valorización del patrimonio cultural y demás legislación reglamentaria, en particular, que respeta el patrimonio archivístico y el patrimonio fotográfico.